La Constitución Política de la República de Guatemala, indica que el Estado tiene como fines y deberes proteger a la persona y la familia, así como la búsqueda del bien común, debiendo garantizar a todos los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral.
Bajo esa premisa y ante la demanda de las personas con discapacidad, el Estado se organiza y crea instancias que permiten la intervención en el desarrollo y cumplimiento de derechos del sector con discapacidad en Guatemala.
El Consejo Nacional Para la Atención de Personas con Discapacidad, nace a la luz y en el marco de la Firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, específicamente en el año de 1997. Antes de este momento, varias organizaciones de y para personas con discapacidad y sus familias, canalizaban sus esfuerzos y demandas de manera aislada y lejos de la institucionalidad pública, por lo tanto, con la creación del CONADI, se genera una plataforma que permite la consolidación de esfuerzos desde la sociedad civil y la institucionalidad pública, para brindar un abordaje de la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos.
Actualmente, Guatemala cuenta con un amplio marco legal que garantizan los derechos de las personas con discapacidad, desde leyes generales, específicas, políticas públicas, normativas y reglamentos institucionales, etcétera, además de instrumentos internacionales adoptados y ratificados por el Estado en materia de derechos humanos. Sin embargo, son pocos los esfuerzos y estrategias nacionales para la generación de datos estadísticos de las personas con discapacidad y sus condiciones vida, que permitan orientar las políticas públicas, lo programas y proyectos por parte del Estado.
En el presente documento, el CONADI, a través del Departamento de Desarrollo de Investigación y Análisis de la Información, brinda una gama de información y datos estadísticos sobre personas con discapacidad en Guatemala, todo ello ha sido programado y desagregado de los resultados del XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda del año 2018, realzado por el Instituto Nacional de Estadística. Con la información desagregada fue posible caracterizar variables sobre educación, entre ellos la asistencia escolar, niveles de estudio, analfabetismo; variables sobre pueblo de pertenencia, entre ellos la comunidad lingüística; variables sobre trabajo; acceso a tecnología de la información y comunicación; vivienda, ente ellos tipos de viviendas, hogares, cantidad de personas por hogar, relación del parentesco con la o el jefe del hogar.